Un joven de 24 años compró un iPhone 15 Pro Max para regalárselo a su madre, pero el teléfono dejó de funcionar pocas horas después de la compra. Tras reclamar ante el comercio sin obtener una solución, acudió a la Justicia y consiguió un fallo favorable: deberán devolverle los USD 1.330 que pagó por el dispositivo y abonarle una indemnización de $2 millones por daño punitivo.
El caso se originó el 7 de agosto de 2024, cuando el comprador adquirió el teléfono en efectivo en un local de telefonía de La Plata. Según relató en la demanda, el equipo fue revisado y encendido antes de que se concretara la operación.
Sin embargo, después de transferir los datos y configurar las aplicaciones, el celular se quedó sin batería y no volvió a encenderse, incluso después de conectarlo a la corriente eléctrica.
Ante la falla, el joven y su madre regresaron al comercio para solicitar una solución. De acuerdo con su presentación judicial, los vendedores les pidieron que dejaran el dispositivo y volvieran unas tres horas después. Cuando regresaron, les informaron que no habían conseguido repararlo y que debían enviarlo al servicio de garantía.
El comprador solicitó la devolución del dinero, pero aseguró que el comercio rechazó esa posibilidad. También cuestionó que no le hubieran entregado una factura o un comprobante con información suficiente para iniciar un reclamo ante Defensa del Consumidor.
La garantía del iphone había vencido un día antes de la compra
Otro punto importante de la demanda fue la información que el cliente obtuvo al consultar el número de serie del teléfono en el sitio oficial del fabricante.
Según sostuvo, el dispositivo figuraba como activado previamente y la garantía había vencido el 6 de agosto de 2024, apenas un día antes de la compra.
Durante los intercambios posteriores, el comercio habría ofrecido distintas alternativas de reparación y la posibilidad de entregar un equipo nuevo de otro color. El comprador rechazó esta última opción porque pretendía recibir un teléfono con las mismas características que el adquirido originalmente.
Por su parte, la empresa demandada negó la operación comercial, la falla denunciada y la autenticidad de los correos electrónicos presentados como prueba. También cuestionó los daños reclamados.
El peritaje informático fue clave para el fallo
La jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 23 de La Plata analizó el caso bajo las normas de protección al consumidor.
Uno de los elementos determinantes fue un peritaje informático que examinó los correos electrónicos intercambiados entre las partes. El especialista concluyó que los mensajes coincidían con la documentación digital aportada por el demandante y que existían elementos suficientes para validar su autenticidad e integridad.
A partir de esas pruebas, el juzgado consideró acreditadas la relación comercial, la compra del dispositivo, el pago en efectivo y la condición de consumidor del reclamante.
En consecuencia, ordenó al comercio devolver los USD 1.330, con intereses calculados desde el 7 de agosto de 2024.
Una multa de $2 millones, pero no aceptaron todos los reclamos
Además de la restitución del dinero, la sentencia estableció una sanción de $2 millones por daño punitivo. La magistrada consideró que el comercio no brindó una respuesta adecuada frente al desperfecto denunciado, lo que terminó obligando al comprador a recurrir a la Justicia.
Sin embargo, no todos los pedidos de indemnización fueron aceptados. El juzgado rechazó los reclamos por gastos de telefonía, traslados, otros daños y la supuesta pérdida de valor de un celular anterior, debido a la falta de pruebas específicas que acreditaran esos perjuicios.
Tampoco prosperó el pedido de indemnización por daño moral, ya que la jueza entendió que no se había demostrado una afectación personal de suficiente entidad para justificar una compensación económica adicional.
La condena dispone que el comercio deberá pagar los USD 1.330, más los intereses correspondientes, y los $2 millones por daño punitivo dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. Las costas del proceso también quedaron a cargo de la empresa demandada.
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