Un sanjuanino denunció haber perdido $167.860.000 en una presunta estafa vinculada con falsas inversiones. Por el caso, la Justicia imputó a Lino Godoy, un policía retirado de Mendoza, señalado como titular de las cuentas bancarias a las que habrían llegado las transferencias realizadas por la víctima.
Según la hipótesis investigativa, el contacto con el damnificado habría comenzado a través de mensajes de WhatsApp provenientes de números telefónicos de México. Mediante esas comunicaciones, la víctima habría sido convencida de realizar distintas transferencias bajo la promesa de obtener importantes ganancias a través de inversiones.
La causa avanzó con una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que la jueza Ana Carolina Parra resolvió abrir un plazo de 12 meses para profundizar las medidas investigativas. A Godoy se le atribuyó, provisoriamente, una presunta participación necesaria en el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.
Seguirá en libertad, pero con restricciones
Aunque la magistrada resolvió no disponer la prisión preventiva, estableció una serie de medidas de control que deberán cumplirse durante cuatro meses.
Entre ellas, Godoy tendrá que presentarse una vez al mes en la Comisaría 14 de General Alvear, en Mendoza, y no podrá salir del país sin autorización judicial. También deberá someterse al proceso, no obstaculizar la investigación y tendrá prohibido acercarse o comunicarse con el denunciante por cualquier medio.
Por otra parte, la jueza ordenó la inhibición general de bienes del imputado hasta cubrir la suma de $167.860.000. La medida tendrá una vigencia de cuatro meses y busca resguardar el patrimonio mientras avanza la causa.
La investigación está a cargo de la UFI Delitos Informáticos, que deberá profundizar el análisis de las transferencias bancarias y determinar qué intervención habría tenido Godoy en la presunta maniobra.
De esta manera, la causa continuará durante los próximos 12 meses para esclarecer cómo se desarrolló la operatoria y establecer las eventuales responsabilidades penales.

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