La investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Allí, dos mujeres —madre e hija e integrantes de la fuerza policial— ratificaron ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario mantiene una deuda de 70 mil dólares, más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de 2026.
Las testigos, Graciela Molina y Victoria Cancio, declararon durante varias horas en la Fiscalía Federal N° 11, donde aportaron documentación, conversaciones y detalles sobre el acuerdo económico que —según indicaron— las vincula con el funcionario.
De acuerdo con su relato, el vínculo se originó a partir de un préstamo de 100.000 dólares entregado en efectivo cuando Adorni aún se desempeñaba como vocero presidencial. De ese total, 85.000 dólares fueron aportados por Molina y los 15.000 restantes por su hija. El acuerdo contemplaba la devolución en un plazo de dos años, con un interés anual del 11%.
Según explicaron, el funcionario realizó inicialmente pagos mensuales de intereses, que rondaban los 900 dólares, aunque luego se redujeron a unos 600 dólares tras un desembolso parcial de 30.000 dólares sobre el capital. Con ese esquema, el saldo pendiente quedó en 70.000 dólares.
Las declarantes también señalaron que la operatoria fue formalizada mediante una hipoteca sobre un inmueble ubicado en Parque Chacabuco. Además, indicaron que el dinero habría sido destinado a una operación inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, la causa avanza sobre el origen de los fondos y la capacidad económica de los involucrados. En ese marco, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su entorno familiar y las acreedoras, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero.
Molina y Cancio también explicaron el origen del dinero prestado: aseguraron que una parte proviene de ahorros personales y otra de ingresos obtenidos tras un proceso sucesorio y un reclamo judicial por diferencias salariales.
La investigación continuará con nuevas citaciones y medidas de prueba vinculadas a otras operaciones inmobiliarias del funcionario.
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