El Gobierno argentino espera con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido presentado para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El pronunciamiento está previsto para el próximo 28 de noviembre, luego de las audiencias realizadas esta semana en Hamburgo, Alemania.
En la Casa Rosada manejan tres posibles escenarios: una resolución favorable, una protección parcial o el rechazo del planteo argentino. También contemplan que los jueces consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir, aunque aseguran que el país continuará utilizando las instancias legales disponibles.
Qué reclama la Argentina
El planteo no busca que el tribunal resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que proteja los derechos argentinos sobre la plataforma continental y sus recursos naturales frente a las actividades unilaterales del Reino Unido.
La presentación se realizó bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, la Argentina invocó el artículo 290, inciso 5, que contempla la posibilidad de dictar medidas provisionales cuando existe una situación de urgencia y el futuro tribunal arbitral tendría, en principio, jurisdicción sobre el caso.
Uno de los argumentos centrales es el riesgo que representan las perforaciones previstas para 2027 y la posibilidad de que las actividades petroleras ocasionen daños irreparables.
Los tres escenarios que analiza el Gobierno
Si la resolución resulta favorable, el tribunal podría ordenar medidas para frenar nuevas perforaciones o instalaciones vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.
En caso de una protección parcial, podrían establecerse restricciones ambientales u otras obligaciones para limitar las actividades en disputa. Si el planteo es rechazado, el Gobierno deberá analizar los fundamentos de la decisión y evaluar nuevas presentaciones.
En paralelo, la administración nacional mantiene una estrategia de presión sobre las empresas involucradas. Según lo informado, ya se enviaron más de 180 notas de desaliento a compañías y proveedores, además de iniciarse procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas humanas y jurídicas.
La estrategia argentina después del 28 de noviembre
Entre las medidas solicitadas al tribunal figuran impedir nuevas perforaciones, restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración, evitar obstáculos al cumplimiento de obligaciones ambientales y frenar nuevas autorizaciones que profundicen la controversia.
La presentación final fue firmada el 11 de noviembre por el embajador Mario Oyarzábal.
Además, el oficialismo busca avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mientras mantiene bajo reserva los próximos pasos diplomáticos y jurídicos.
Después del pronunciamiento comenzará a definirse la siguiente instancia: la conformación del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII. El Gobierno sostiene que continuará agotando las vías disponibles para defender los derechos argentinos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.
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