El Gobierno nacional justificó el refuerzo del dispositivo de seguridad en la Quinta de Olivos y señaló que la decisión responde a amenazas recibidas por funcionarios de primer nivel y a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó este martes en conferencia de prensa que esos son los dos factores de riesgo considerados para modificar el esquema de seguridad de la residencia presidencial. La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente.
La explicación se produjo luego de que Javier Milei afirmara el domingo que durante 2025 el Gobierno había expulsado a “10.000 terroristas” y que en 2026 ya eran “20.000”. Esas declaraciones generaron cuestionamientos debido a que las estadísticas oficiales utilizan categorías migratorias diferentes.
Ravier sostuvo que “parte” de esas personas eran posibles amenazas para la seguridad nacional, mientras que otras no cumplían con los requisitos establecidos para ingresar al país. Según explicó, el Gobierno contabiliza casos de extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos por distintos motivos.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Seguridad, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se contabilizaron más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos. El propio Gobierno señaló que el 72,3% correspondió a personas a las que se les rechazó o no admitió el ingreso.
Sin embargo, las estadísticas publicadas por el Ministerio para el período diciembre de 2025-agosto de 2026 registran 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada, una categoría que incluye impedimentos por motivos migratorios, documentación y cuestiones judiciales. Esos registros no identifican esos casos bajo la categoría de “terrorismo”.
Ravier explicó que la diferencia entre las cifras mencionadas por Milei y los registros estadísticos se relacionaría con casos contabilizados desde antes del período tomado por ese informe.
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