El Gobierno nacional intimó este lunes al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La medida forma parte de la estrategia diplomática y jurídica impulsada por la administración de Javier Milei en relación con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El proyecto Sea Lion es desarrollado por empresas vinculadas a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que sostienen que cuentan con las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y el respaldo del Reino Unido.
Además de la intimación, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El objetivo planteado por el Gobierno argentino es cuestionar las actividades hidrocarburíferas en la zona y evitar nuevos permisos sobre recursos de la plataforma continental cuya soberanía reclama Argentina. Si el Reino Unido no responde dentro del plazo establecido, el Ejecutivo anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Milei también se refirió a la medida en sus redes sociales con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”.
La posición argentina y la respuesta británica
El Gobierno volvió a mencionar las resoluciones 2065 y 31/49 de Naciones Unidas como parte de los fundamentos de su posición sobre la disputa de soberanía.
Argentina sostiene que las actividades unilaterales de explotación de recursos naturales afectan sus derechos sobre la plataforma continental. El Reino Unido, en cambio, mantiene su posición de que la soberanía de las islas le corresponde y ha rechazado los intentos argentinos de ejercer jurisdicción sobre las actividades desarrolladas allí.
Sanciones por vuelos hacia Malvinas
En paralelo, el Gobierno informó que detectó operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas, mediante una aeronave de matrícula británica.
Según la posición oficial argentina, esos vuelos se realizaron sin autorización de las autoridades nacionales. Por ese motivo, Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, avanzar con denuncias penales y realizar gestiones diplomáticas.
La nueva iniciativa se suma a las denuncias y medidas anunciadas durante septiembre contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.
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