Condenaron a 10 años de prisión a una mujer por explotar sexualmente a su hija menor

La investigación determinó que la acusada facilitó durante varios años el ingreso de hombres al domicilio familiar para mantener conductas sexuales con la niña a cambio de dinero o sustancias. También fue condenada por ejercer violencia física contra la menor.

Una mujer fue condenada este viernes 25 de septiembre a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber facilitado la prostitución de su hija menor de edad y ejercer violencia física contra ella durante varios años.

La sentencia fue dictada durante una audiencia de Control de Acusación, en la que la jueza Gloria Verónica Chicón homologó un acuerdo de Juicio Abreviado presentado por las partes.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos relacionados con la explotación sexual comenzaron cuando la víctima tenía 7 años y se extendieron hasta los 13 años.

Según pudo establecer la investigación, la mujer facilitaba el ingreso de hombres al domicilio familiar y permitía que mantuvieran conductas de carácter sexual con la niña a cambio de dinero o sustancias.

Paralelamente, la acusada ejercía violencia física contra su hija. Como consecuencia de las agresiones, la menor sufrió distintas lesiones.

El último episodio de violencia registrado ocurrió cuando la víctima tenía 13 años, en el interior de un domicilio ubicado en Rawson, donde la mujer habría vuelto a agredirla físicamente.

Por estos hechos, la acusada fue declarada autora penalmente responsable de facilitación de la prostitución agravada por el vínculo y por la edad de la víctima, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo.

Tras homologar el acuerdo, la jueza Chicón impuso la pena de 10 años de prisión efectiva y ordenó que la condenada permanezca en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

La investigación estuvo a cargo del equipo fiscal encabezado por Roberto Mallea, con la intervención de los ayudantes fiscales Guadalupe Ferrari y Benjamín Spatzer, y la colaboración de Analía Di Lernia y Nicolás Lozano.

El caso concluyó así con una condena de cumplimiento efectivo por hechos que, según la investigación fiscal, se extendieron durante varios años de la infancia de la víctima.

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