La investigación judicial por el presunto manejo irregular de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó nuevos elementos vinculados a María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora que aparece bajo investigación junto al secretario general del gremio, Abel Furlán.
Calle quedó en el centro de la investigación luego de que trascendiera que adquirió el departamento ubicado debajo del inmueble de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, por un valor declarado cercano a los US$189.000.
A partir de esa información, los denunciantes incorporaron nuevos datos al expediente judicial.
Según la documentación aportada, Calle habría realizado 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México.
El año con mayor cantidad de viajes habría sido 2024, con 25 traslados. Además, entre 2023 y 2026 se habrían concentrado 80 de los viajes registrados.
Propiedades y un BMW
Los denunciantes también aportaron información sobre dos propiedades que figurarían a nombre de Calle en Campana: una ubicada sobre calle Belgrano y otra dentro de un country de la zona.
A esto se suma la adquisición de un BMW M135 X Drive, cuyo valor estimado rondaría los US$70.000.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán, quienes cuestionaron un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM.
Según la denuncia, la compañía, cuyos accionistas serían Calle y Adalberto Raúl Braconi, tenía desde 2023 el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales.
El acuerdo contemplaba honorarios equivalentes al 0,5% de la recaudación de la cuota sindical y una duración de diez años.
El vínculo con Furlán
Los denunciantes sostienen además que Calle mantenía una relación cercana con Furlán y que dentro de la organización era conocida como “la primera dama”.
Ese dato fue incorporado al expediente como parte de los elementos que buscan determinar cuál habría sido su verdadero nivel de participación en la administración de la empresa contratada por la UOM.
En marzo, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, había ordenado un allanamiento en la sede nacional de la UOM en el marco de la investigación por el contrato con USEM.
Más recientemente, el interventor de la organización, Alberto Biglieri, desplazó a Calle y suspendió preventivamente el vínculo contractual con la empresa, como parte de medidas destinadas a preservar el patrimonio sindical.
Frente a las acusaciones, Calle negó tener los roles que se le atribuyen y aseguró que se trata de una disputa interna por el poder sindical.
“Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, sostuvo al ser consultada por la situación.
La causa continúa bajo investigación judicial y deberá determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos de la organización sindical y cuál fue la participación de cada una de las personas señaladas.
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