La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la condena contra la Argentina en la causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y ratificó que el Estado nacional deberá abonar más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium, actual titular de los derechos del litigio.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el país en los tribunales internacionales y está vinculada a la reestatización de la compañía aérea, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Además de confirmar la obligación de pago, la resolución también reactivó el expediente conocido como “Webuild”, que permanecía suspendido a la espera de una definición sobre el caso Aerolíneas, según explicó el analista financiero Sebastián Maril.
El origen del conflicto
La disputa judicial se remonta a la decisión del Estado argentino de recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, que hasta ese momento era administrada por el grupo español Marsans.
En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial, falló a favor de la empresa española y estableció una indemnización de 320 millones de dólares, monto al que posteriormente se le sumaron intereses.
Más tarde, el fondo británico Burford Capital, especializado en la compra de litigios internacionales y también conocido por su participación en la causa por la expropiación de YPF, adquirió los derechos del reclamo.
Sin embargo, en 2018 Burford vendió el expediente a Titan Consortium por 107 millones de dólares, al considerar que el proceso judicial aún demandaría varios años debido a las apelaciones impulsadas por el Estado argentino.
Cambio de estrategia
Desde 2021, Titan Consortium avanzó con el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral ante la Justicia de Estados Unidos con el objetivo de cobrar la indemnización.
Durante 2024, ambas partes mantuvieron negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el pago, e incluso existía consenso respecto del monto adeudado y los intereses correspondientes.
No obstante, la Argentina modificó posteriormente su estrategia judicial y no constituyó la caución exigida por la Justicia estadounidense. Esa situación habilitó al fondo a avanzar con distintos procedimientos destinados a ejecutar la sentencia, incluyendo la posibilidad de solicitar el embargo de activos soberanos argentinos en el exterior.
Con la decisión de la Cámara de Apelaciones, Titan Consortium quedó autorizado a continuar las acciones judiciales para intentar hacer efectivo el cobro de la indemnización, mientras el Estado argentino enfrenta una de las condenas económicas más importantes derivadas de la reestatización de empresas públicas.
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