La concejal de Valle Fértil Mónica Rivero y su esposo, Alfredo Fernández, fueron denunciados por el presunto delito de estafa en una causa que investiga la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público Fiscal de San Juan.
La denuncia fue presentada por el productor ganadero Carlos Costa, quien sostiene haber sufrido un perjuicio económico superior a los $50 millones a raíz de una serie de operaciones comerciales vinculadas con la venta de hacienda y la entrega de un camión.
Según la presentación judicial, el conflicto se originó en septiembre de 2025, cuando Costa vendió hacienda a través de Fernández, quien operaba con una firma consignataria de Córdoba. De acuerdo con el denunciante, los cheques por esas operaciones fueron emitidos a nombre de Fernández y, al reclamar el dinero, le informaron que esos fondos ya habían sido utilizados.
Siempre según la denuncia, como parte del acuerdo para cancelar la deuda se entregó un camión Renault registrado a nombre de la concejal Mónica Rivero. Costa aseguró que invirtió cerca de $30 millones para reparar el vehículo, pero luego descubrió que no podía transferirlo porque la titular registral no había firmado la documentación necesaria.
El productor también afirmó que, tras intentar regularizar la situación, se le habrían solicitado $10 millones adicionales para concretar la transferencia. Además, indicó que los denunciados posteriormente desconocieron los términos del acuerdo y reclamaron la devolución del camión.
Como respaldo de la denuncia, Costa aportó cartas documento, un informe de dominio del vehículo, conversaciones de WhatsApp, comprobantes de las reparaciones realizadas y la identificación de mecánicos que podrían declarar como testigos.
Fuentes judiciales confirmaron que el expediente se encuentra en una etapa de investigación preliminar y que el fiscal Nicolás Alvo deberá determinar si corresponde avanzar con la formalización de la causa.
Hasta el momento, ni Mónica Rivero ni Alfredo Fernández fueron imputados, y la investigación continúa. La denuncia refleja la versión del denunciante y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para impulsar una causa penal.
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