El Partido Justicialista (PJ) de San Juan difundió este jueves un comunicado en el que expresó su respaldo institucional y solidaridad con el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, en medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la licitación del Acueducto Gran Tulum.
Bajo el título “Las diferencias políticas deben resolverse en el ámbito democrático”, el documento, fechado el 12 de noviembre, manifestó la preocupación de la conducción partidaria por la situación procesal de ambos legisladores y de los exfuncionarios involucrados.
Desde el PJ consideraron que, después de nueve meses de investigación, los fundamentos de las acusaciones resultan «absolutamente arbitrarios». Además, cuestionaron lo que definieron como una causa «profundamente política y mediatizada» y advirtieron sobre una posible utilización de las instituciones judiciales contra adversarios políticos.
Críticas al gobierno de Orrego
El comunicado también incluyó cuestionamientos hacia la gestión del gobernador Marcelo Orrego. El justicialismo reclamó al Ejecutivo provincial que concentre sus esfuerzos en la administración y ejecución de obras, en lugar de «judicializar la confrontación con la gestión anterior».
Entre los problemas que enumeró, mencionó la paralización de obras estratégicas de agua y energía, el endeudamiento de las familias, la falta de empleo, la caída del consumo y las dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar oportunidades.
En el tramo final, la conducción partidaria convocó a dirigentes y militantes a mantenerse «unidos, organizados y comprometidos», al tiempo que pidió dejar de lado las divisiones internas, las especulaciones personales y los silencios.
El pronunciamiento se suma a las expresiones de respaldo de referentes peronistas como el diputado nacional Jorge Chica y el exsecretario de Ambiente Francisco Guevara, quienes difundieron la consigna «Los votos se ganan en las urnas, no en la Justicia». También se había manifestado en ese sentido el Frente Renovador que conduce Franco Aranda.
Qué pasa con la causa del Acueducto Gran Tulum
En paralelo, la investigación judicial continúa en una instancia clave. Este miércoles se reanudó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), en el expediente denominado «Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública», bajo la dirección de la jueza de Garantías Mónica Lucero.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal terminó de exponer los hechos investigados, la participación que atribuye a cada uno de los once involucrados y las calificaciones legales correspondientes.
Posteriormente, las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez solicitaron la nulidad absoluta del procedimiento. Los abogados de Sergio Uñac y Cristian Andino adhirieron al planteo.
El cuestionamiento está relacionado con la manera en que se resolvió una recusación presentada anteriormente contra la jueza Lucero, mediante la cual se había solicitado su apartamiento de la causa.
La Fiscalía rechazó el pedido al considerar que tenía un carácter dilatorio y que las defensas no habían demostrado la existencia de un perjuicio concreto que justificara declarar la nulidad.
Ante esta situación, la magistrada dispuso un cuarto intermedio para analizar el planteo y utilizará el plazo legal de tres días hábiles para resolverlo.
La decisión se conocerá el martes 17 de noviembre a las 14:30, con la presencia de todas las partes.
Por lo tanto, la audiencia de formalización todavía no concluyó y las once personas investigadas aún no se encuentran formalmente imputadas. La continuidad del proceso dependerá de lo que resuelva la jueza sobre el planteo de nulidad.
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