El Gobierno nacional analiza incorporar cambios en las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.
En la Casa Rosada consideran que esta alternativa permitiría reducir el impacto fiscal de ambas normas, luego del intento fallido de modificarlas durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
Desde el Ejecutivo reconocen que la posibilidad sigue en análisis, aunque su avance dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse con gobernadores y bloques aliados antes del debate parlamentario.
El oficialismo atribuye el fracaso de diciembre de 2025 a la falta de consensos políticos y al escaso trabajo previo con los mandatarios provinciales. En aquella oportunidad, el Congreso rechazó el capítulo del Presupuesto que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
Ahora, el Gobierno busca llegar al tratamiento del Presupuesto 2027 con mayores respaldos para impulsar también otras iniciativas, como la reforma electoral y distintos proyectos económicos.
En el caso del financiamiento universitario, el escenario también está atravesado por la Justicia. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con artículos vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
Desde el Ejecutivo sostienen que ese fallo no representa una resolución definitiva sobre la totalidad de la ley y remarcan que la discusión judicial continúa.
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