La Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública (SECAMS) iniciará esta semana un sumario administrativo para investigar la actuación del comisario Juan José González y del subcomisario Juan José Valverde, ambos imputados en la causa que investiga la compra de computadoras, impresoras y tablets destinadas a la Policía de San Juan que fueron abonadas por el Estado, pero nunca llegaron a la fuerza.
Según trascendió, el procedimiento administrativo avanzará en paralelo con la investigación penal que lleva adelante la Justicia provincial. Aunque ambas actuaciones se basan en los mismos hechos, tienen objetivos diferentes, por lo que podrán desarrollarse con plazos distintos.
Mientras se sustancia el sumario, González continuará al frente de la Comisaría Buenaventura Luna, en Rawson, mientras que Valverde seguirá prestando servicios en la Sección Bomberos D-9. La apertura del expediente disciplinario no implica, por el momento, el apartamiento de ninguno de los dos efectivos.
La investigación interna consistirá en reunir la documentación administrativa vinculada al caso, analizar las actuaciones realizadas y determinar si existieron incumplimientos a los deberes funcionales por parte de los policías investigados.
Una vez concluido ese trabajo, la SECAMS elaborará un informe que será elevado al jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, con una recomendación sobre las eventuales sanciones disciplinarias. No obstante, esa sugerencia no será vinculante y la decisión final quedará en manos del titular de la fuerza.
La causa
La investigación judicial se originó por una licitación iniciada el 3 de enero de 2023, cuando la Secretaría de Seguridad estaba a cargo de Carlos Munisaga.
Posteriormente, el 5 de mayo de ese año, el Gobierno provincial adjudicó una compra cercana a los 90 millones de pesos a la firma SCH, propiedad de María de Lourdes Quiroga Coll, para la provisión de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets destinadas a la Policía de San Juan.
De acuerdo con la investigación, el 1 de junio de 2023 se firmó la recepción del equipamiento y el Estado abonó la compra en tres pagos durante ese mismo mes. Sin embargo, los equipos nunca ingresaron a la fuerza policial.
Con el avance de la causa, la propia Quiroga Coll reconoció ante la Fiscalía de Estado que los equipos permanecían almacenados en un depósito de Electro 3.
El 13 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la investigación debía continuar en la Justicia provincial.
Actualmente, Quiroga Coll está imputada por fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que Juan José González, Juan José Valverde, el excomisario mayor Jorge Santoni y el ingeniero electromecánico Enzo Fava están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con la apertura del sumario administrativo, el Gobierno provincial buscará determinar si, además de las responsabilidades penales que eventualmente establezca la Justicia, existieron faltas disciplinarias que ameriten sanciones dentro de la fuerza policial.
Con información de Diario Huarpe
Comentarios