El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó este viernes la Ley N.º 10.876, con la que la provincia buscará reclamar territorios que actualmente forman parte de San Juan, reavivando una histórica disputa limítrofe entre ambas jurisdicciones.
Al anunciar la promulgación, Quintela sostuvo que la norma ratifica el rechazo de La Rioja a los límites establecidos por la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Según expresó, la provincia iniciará acciones para “defender la soberanía territorial” y reclamar lo que considera un perjuicio histórico para el pueblo riojano.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo provincial y obtuvo el respaldo de la mayoría de los bloques de la Legislatura, con la excepción de La Libertad Avanza.
La controversia gira en torno a la delimitación fijada hace 57 años, que dejó bajo jurisdicción sanjuanina sectores como el Cerro El Potro, donde actualmente se desarrolla el proyecto minero Vicuña (que integra el proyecto Josemaría), y el Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como Valle de la Luna.
El conflicto volvió a cobrar fuerza en abril, cuando la jueza María Greta Decker ordenó suspender durante 30 días las actividades del emprendimiento Vicuña y restringió el uso de rutas y caminos ubicados en territorio riojano, considerados los principales accesos al campamento Batidero, en San Juan. La medida fue celebrada por Quintela como un respaldo a la posición de su provincia.
La nueva ley sostiene que la modificación de los límites provinciales fue realizada de manera unilateral durante el gobierno militar y sin la intervención del Congreso de la Nación. Además, autoriza al Poder Ejecutivo riojano a iniciar gestiones administrativas, políticas y legislativas ante el Congreso para reclamar la revisión del límite con San Juan.
Asimismo, faculta a la Fiscalía de Estado de La Rioja a promover acciones judiciales y solicitar medidas cautelares para proteger los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en la zona en disputa.
La respuesta del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, no tardó en llegar. El mandatario afirmó que la jurisdicción de San Juan “no está en discusión” y recordó que los límites provinciales rigen desde hace 57 años y fueron ratificados por el Congreso Nacional en 2014.
“Ninguna provincia puede modificar un límite mediante una ley propia. La Constitución es clara y la misma norma riojana reconoce que cualquier modificación debe resolverse en el Congreso y en la Justicia”, sostuvo Orrego.
La polémica también generó diferencias dentro del peronismo. Desde el Partido Justicialista de San Juan manifestaron su rechazo al planteo impulsado por Quintela y remarcaron que, cuando se trata de defender el territorio y los recursos de la provincia, no existen diferencias partidarias.
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