El diputado nacional Guillermo Michel, integrante de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que propone eliminar la denominada “excusa absolutoria familiar” en casos de femicidio y delitos cometidos en contextos de violencia de género.
La iniciativa apunta a modificar el artículo 277, inciso 4° del Código Penal Argentino para que familiares, convivientes, amigos íntimos o personas cercanas puedan ser penalmente responsables cuando participen de maniobras activas de encubrimiento destinadas a garantizar la impunidad del autor del crimen.
Actualmente, la legislación vigente exime de responsabilidad criminal a quienes actúen en favor de familiares directos, cónyuges o personas con vínculos afectivos cercanos, contemplando el conflicto moral o subjetivo que puede existir en este tipo de relaciones.
Qué conductas pasarían a ser sancionadas
Según explicó Michel en los fundamentos del proyecto, la propuesta no busca penalizar el silencio, la falta de denuncia ni la negativa a declarar contra un familiar o amigo íntimo.
En cambio, sí apunta a castigar conductas concretas de encubrimiento activo en investigaciones por femicidio.
Entre las maniobras que podrían ser sancionadas se encuentran:
* Ocultar pruebas.
* Destruir evidencia.
* Alterar la escena del crimen.
* Eliminar rastros.
* Brindar información falsa a la Justicia.
“La protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida y la dignidad de las mujeres”, sostuvo el legislador.
Buscan adecuar la legislación a compromisos internacionales
El proyecto sostiene que existe una contradicción entre la incorporación de la figura de femicidio mediante la Ley 26.791 y la permanencia de mecanismos legales que podrían favorecer la impunidad.
Además, remarca que la iniciativa busca adecuar la legislación argentina a los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos vinculados a la protección de las mujeres frente a la violencia de género.
Según el texto presentado, las obligaciones internacionales del Estado no solo implican sancionar al autor principal del femicidio, sino también eliminar obstáculos normativos que puedan dificultar las investigaciones o favorecer el encubrimiento.
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