La denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Marcelo Arancibia presentara una ampliación de la acusación original incorporando nueva documentación técnica.
Según explicó el denunciante, los elementos aportados permitirían demostrar que organismos públicos, inspectores y responsables de la obra tenían conocimiento desde junio de 2020 sobre observaciones críticas vinculadas a las cañerías utilizadas durante la ejecución del proyecto.
La nueva presentación judicial tiene como eje central un informe técnico elaborado por la firma Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de 2020, en plena construcción de la obra financiada con fondos provinciales y un crédito internacional destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan.
De acuerdo a la ampliación de la denuncia, el documento refleja observaciones relacionadas con el proceso de electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) utilizados en distintos sectores del acueducto.
Arancibia sostiene que las conclusiones técnicas incluidas en ese informe permitían advertir posibles problemas que comprometían la calidad y confiabilidad del sistema.
En ese marco, la presentación judicial plantea que será clave determinar qué funcionarios, inspectores y responsables de la obra tomaron conocimiento de esas advertencias y cuáles fueron las decisiones adoptadas posteriormente.
Según el escrito incorporado al expediente, el informe fue elaborado en el contexto de inspecciones realizadas con participación de representantes de la empresa contratista MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y técnicos especializados.
Para el denunciante, esto demostraría que las observaciones eran conocidas durante la ejecución misma de la obra y no surgieron tiempo después de finalizada.
La ampliación sostiene que la discusión ya no pasa únicamente por establecer si los materiales cumplían o no con las especificaciones técnicas, sino por determinar si existió conocimiento previo de posibles deficiencias y, aun así, se continuó con la ejecución, certificación y financiamiento del proyecto.
“La gravedad institucional del caso radica en que las observaciones técnicas no habrían surgido años después de terminada la obra, sino durante su ejecución”, sostiene la presentación judicial.
Bajo esa hipótesis, la denuncia busca establecer si existieron omisiones deliberadas, encubrimiento de información técnica o decisiones administrativas adoptadas pese a la existencia de advertencias formales.
A partir de la nueva documentación aportada, Arancibia solicitó ampliar la investigación sobre posibles delitos vinculados con la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
El informe técnico incorporado describe las características de los caños PEAD utilizados, los procedimientos de ensamblaje y electrofusión ejecutados durante 2020 y las verificaciones realizadas sobre las uniones.
Para el denunciante, estos antecedentes resultan fundamentales para reconstruir qué información circuló entre los responsables del proyecto y si existieron alertas que no fueron atendidas.
Ahora, la investigación judicial deberá determinar si las observaciones técnicas detectadas durante la construcción tuvieron incidencia en decisiones administrativas posteriores y si existió algún perjuicio económico para el Estado en una de las obras hídricas más importantes ejecutadas en San Juan en las últimas décadas.
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