La Policía de San Juan atraviesa una investigación interna luego de detectarse el faltante de 150 pistolas calibre 9 milímetros, marca Bersa, pertenecientes a un lote de 500 armas adquiridas por el Gobierno provincial en 2022 mediante una licitación pública.
De acuerdo con la información conocida, el armamento que no pudo ser localizado corresponde a los lotes de fabricación M y N. Ante esta situación, la Jefatura ordenó una auditoría para revisar los inventarios y determinar si se trata de un problema administrativo o de un hecho de mayor gravedad.
Según trascendió, una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es la existencia de un importante desorden administrativo, agravado por la falta de un sistema digital de control del armamento asignado al personal policial.
Las primeras inspecciones detectaron numerosas inconsistencias en los registros. Entre ellas, se constató que algunos efectivos portaban armas que, en los documentos oficiales, figuraban asignadas a otros policías de distinta jerarquía, lo que evidenció serias falencias en el control del equipamiento.
La auditoría se aceleró tras un memorándum
La revisión cobró mayor impulso luego de que el pasado 13 de julio la Jefatura emitiera el Memorándum 36/2026, mediante el cual dispuso cambios de destino para personal de Seguridad e introdujo modificaciones en la Dirección de Inspección y Logística, con impacto directo en la División Armamento.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que una posibilidad es que parte de las pistolas permanezcan almacenadas y aún no hayan sido incorporadas correctamente a los registros oficiales.
No obstante, también advirtieron que, si la auditoría no logra ubicar físicamente las 150 armas en el corto plazo, la Policía presentará una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación correspondiente para que determine si existió un posible robo o desvío de armamento oficial.
Cambios en la División Armamento
La presunta desaparición de las pistolas habría sido detectada semanas atrás, lo que motivó una investigación interna sobre el funcionamiento de la División Armamento y sobre quienes tuvieron a su cargo la recepción, custodia y entrega del material adquirido en 2022.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales contra ningún integrante de la fuerza.
Como medida preventiva, la Jefatura dispuso que la División Armamento quede bajo la conducción del subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, acompañado por el oficial principal Héctor Jesús Quiroga Elizondo. Además, se ordenó el traslado de parte del personal que prestaba funciones en esa dependencia hacia distintas comisarías de departamentos cordilleranos.
La auditoría continúa en desarrollo y será determinante para establecer si el faltante responde a un error administrativo o si existe una posible maniobra delictiva vinculada al armamento oficial.
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