Advierten dificultades para consensuar la reforma electoral y avanzan cambios en la ley policial

Desde Diputados reconocen que será complejo lograr unanimidad en el sistema electoral, mientras que otras iniciativas ya muestran avances concretos.

El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba reconoció que alcanzar un acuerdo unánime en torno a la reforma del sistema electoral en San Juan será una tarea compleja. Durante el trabajo en comisiones, el legislador oficialista sostuvo que, si bien existe la intención de avanzar con una normativa “moderna y clara”, es difícil prever si el proyecto podrá sancionarse antes de que finalice 2026.

En paralelo, se registraron avances importantes en la modificación del artículo 48 de la Ley Policial. Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad emitieron un despacho favorable para eliminar lo que consideran una “doble sanción abusiva”.

Actualmente, los efectivos sancionados no solo son suspendidos de sus funciones, sino que también quedan inhabilitados para realizar adicionales, lo que impacta directamente en sus ingresos. La reforma busca equilibrar la situación, evitando una doble penalización y garantizando, al mismo tiempo, la operatividad de la fuerza.

En materia de seguridad, el secretario del área, Enrique Delgado, brindó detalles del programa “Prisma”, una iniciativa que contempla la instalación de casillas de seguridad y cámaras de monitoreo en distintos departamentos, incluido 25 de Mayo. Según explicó, las mejoras en conectividad en zonas alejadas permitirán implementar estos dispositivos con vigilancia en tiempo real.

Por otro lado, también se confirmó que se encuentra en etapa avanzada el borrador de la denominada Ley de Desarrollo de Comunidades, conocida como Ley de Proveedores Mineros. El proyecto es impulsado tras una serie de reuniones entre el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el ministro de Producción, Gustavo Fernández, junto a representantes del sector empresarial.

La iniciativa apunta a generar un crecimiento económico coordinado en las zonas mineras, con el aval de trabajadores, empresas y operadoras, y se espera que ingrese próximamente a la Legislatura provincial para su tratamiento.

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