La causa judicial que involucra al intendente de Angaco, José Castro, sumó este lunes un nuevo capítulo clave, aunque sin una definición inmediata. Tal como ocurrió en instancias previas, la decisión volvió a quedar en suspenso tras la audiencia de impugnación.
La jornada estuvo encabezada por la jueza Ana Lía Larrea, quien escuchó los planteos de las partes pero resolvió tomarse un cuarto intermedio antes de emitir su fallo. La resolución será comunicada en los próximos días a través del sistema Choique, según se informó oficialmente.
El eje de la audiencia giró en torno a un planteo de la defensa, que cuestiona la competencia del fuero penal. Los abogados Marcelo Fernández y Lionel García sostuvieron que se trata de “un acto político no judiciable” que debería tramitarse en sede administrativa.
En esa línea, argumentaron que no se puede criminalizar el voto u opiniones de funcionarios del ámbito legislativo municipal, y que el proceso debería iniciarse en el fuero contencioso administrativo antes de avanzar en una instancia penal. Además, cuestionaron el accionar del Ministerio Público Fiscal por considerar que “se tomó un camino no autorizado por la ley ni por la Constitución provincial”.
Por su parte, la fiscal de impugnación Marcela Torres defendió la competencia penal y ratificó la postura acusatoria. Desde la fiscalía sostienen que, al tratarse de funcionarios públicos, no existe impedimento constitucional para investigar posibles delitos, incluso cuando están vinculados al ejercicio de sus funciones.
La causa investiga a Castro y a los concejales Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El foco está puesto en una ordenanza que avaló un acuerdo económico millonario para evitar un juicio vinculado a una causa por malversación de fondos de 2019.
Para la fiscalía, esa maniobra podría implicar también delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.
No es la primera vez que una definición se posterga en este expediente. En una instancia anterior, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi también difirió su resolución tras escuchar a las partes.
Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión de Larrea, que será clave para determinar si la investigación penal avanza —con un plazo de seis meses solicitado por la fiscalía— o si el expediente cambia de fuero, como pretende la defensa.
Por el momento, el escenario sigue abierto y el futuro judicial del intendente de Angaco permanece en suspenso.
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