Diputados sesionará el miércoles para definir cambios en la ley de glaciares

El oficialismo convocó a una sesión especial para avanzar con la sanción definitiva, en medio de tensiones políticas y posibles maniobras de la oposición.

El oficialismo definió convocar a una sesión especial para el próximo miércoles a las 15 en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con el objetivo de darle sanción definitiva al proyecto que modifica la Ley de Glaciares.

La estrategia del bloque libertario es avanzar rápidamente: buscar dictamen el martes y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente. “Vamos a dictaminar la ley el martes y el miércoles vamos al recinto”, aseguraron desde el oficialismo.

En términos de números, el Gobierno se muestra confiado. Según el “poroteo” interno, contarían con entre 130 y 134 votos, sumando a La Libertad Avanza, aliados habituales como el PRO, sectores de la UCR, el MID y fuerzas provinciales, además de legisladores de provincias mineras.

Sin embargo, el principal desafío no estaría en la cantidad de votos, sino en el clima político dentro del recinto. La sesión podría abrir la puerta a que la oposición impulse una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos por su situación patrimonial y otros temas.

Desde el oficialismo reconocen la preocupación. “Tenemos que dejar que griten y llevarnos la ley”, deslizó una fuente del bloque, anticipando un debate tenso.

En paralelo, la oposición busca avanzar con pedidos para tratar proyectos de interpelación en comisiones clave, lo que podría escalar el conflicto político.

En este escenario, el rol del PRO aparece como determinante. Con una docena de diputados, su postura será clave para habilitar —o frenar— cualquier intento de la oposición de forzar el tratamiento de estos temas.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a mantener alineados a sus aliados para evitar sobresaltos y lograr la aprobación exprés de una norma que ya cuenta con media sanción del Senado.

La sesión del miércoles no solo definirá el futuro de la ley, sino que también pondrá a prueba el equilibrio de fuerzas en el Congreso y la capacidad del Gobierno para sostener su agenda en un contexto de creciente tensión política.

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