La Justicia ordenó al Gobierno Nacional aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso el año pasado, tras rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo.
La resolución fue dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que remarcó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la norma por mayoría, y consideró “poco serios” los argumentos esgrimidos por el Gobierno para no implementarla.
En ese marco, el fallo también exigió la recomposición salarial para docentes y no docentes, contemplando el período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, cuando se sancionó la ley.
Además, se ordenó avanzar con la actualización de las becas estudiantiles y se señaló que la suspensión de la norma mediante decreto resulta “ilegítima”.
La apelación del Ejecutivo había sido presentada a través de la Procuración del Tesoro contra una medida cautelar dictada en diciembre de 2025, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El fallo llega luego de un fuerte reclamo del sistema universitario, encabezado por el CIN y distintas universidades públicas, frente al desfinanciamiento del sector. La situación derivó en semanas de paro nacional universitario, con impacto en gran parte de las casas de altos estudios del país.
Comentarios