La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para definir un plan de lucha frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado, en un escenario marcado por divisiones internas y fuertes advertencias del Gobierno nacional hacia los sindicatos que impulsen nuevas huelgas.
Desde el Ejecutivo pusieron bajo la lupa a los gremios ferroviarios y del transporte automotor, en particular a La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA). Según fuentes oficiales, si vuelven a participar de medidas de fuerza mientras rige la conciliación obligatoria podrían enfrentar multas millonarias e incluso la pérdida de la personería gremial.
La central sindical mantendrá reuniones entre lunes y martes para definir su estrategia frente al proyecto de Ley de Modernización Laboral. Entre las acciones que evalúan figura la presentación de recursos judiciales para declarar inconstitucionales artículos que, según sostienen, reducen indemnizaciones y restringen el derecho a huelga.
Mientras tanto, el sector sindical más combativo ya anticipó que impulsará un paro de 36 horas con movilización cuando el Senado apruebe la reforma.
Desde la Casa Rosada aseguran que tanto La Fraternidad como la UTA habrían incumplido la conciliación obligatoria vigente por reclamos salariales. El conflicto es seguido de cerca por el Ministerio de Capital Humano, cuya titular, Sandra Pettovello, advirtió que cualquier nueva huelga será considerada una violación de esa instancia legal.
En el Gobierno diferencian la postura de Omar Maturano, titular de La Fraternidad y abiertamente opositor, de la de Roberto Fernández, jefe de la UTA, con quien mantienen un vínculo más dialoguista.
Dentro de la CGT también crecen tensiones por el respaldo de algunos gobernadores peronistas al proyecto oficial. Dirigentes del ala más dura cuestionan esa posición y sostienen que la respuesta debe ser política y sindical.
En paralelo, la central obrera descartó negociaciones con el Ejecutivo y cuestionó el respaldo empresarial a la reforma, en particular el de la Unión Industrial Argentina, a la que acusan de avalar una ley regresiva en medio del cierre de empresas.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), encabezado por Daniel Yofra, impulsa un paro de 36 horas con movilización nacional cuando el proyecto llegue al recinto. El espacio reúne a gremios industriales, estatales y de servicios, y busca sumar referentes de peso como Pablo Moyano.
Según Yofra, la reforma limita la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos, al modificar aspectos como vacaciones, horas extra y mecanismos de organización sindical.
El dirigente también cuestionó a legisladores y a sectores del sindicalismo por confiar en la vía política o judicial, y llamó a fortalecer la organización gremial más allá de los partidos.
El escenario anticipa un conflicto creciente entre el Gobierno y el movimiento obrero, en medio del tramo decisivo del debate parlamentario de la reforma laboral.
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