El gobierno de Javier Milei presentó este miércoles en la Cámara de Senadores de la Nación Argentina el proyecto de ley para impulsar una amplia reforma electoral, con el objetivo de modificar la estructura del sistema vigente.
La iniciativa, que cuenta con 79 artículos, propone cambios en normas clave como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo plantea que las internas partidarias deben ser organizadas y financiadas por cada fuerza política, sin intervención del Estado, con el objetivo de reducir el gasto público y otorgar mayor autonomía a los partidos.
Otro punto destacado es la incorporación de la figura de “Ficha Limpia”, que impediría ser candidatos o autoridades partidarias a personas con condena en segunda instancia por delitos dolosos, hechos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
El proyecto también introduce la implementación obligatoria de la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, un sistema que busca simplificar el proceso electoral y mejorar la transparencia.
En cuanto a los partidos políticos, se endurecen los requisitos para obtener y mantener la personería jurídica, estableciendo un mínimo de afiliados y condiciones más estrictas de funcionamiento, con controles a cargo de la Justicia Electoral.
Además, se prohíbe la doble candidatura en una misma elección y se exige paridad de género en las listas, con alternancia entre mujeres y varones.
En materia de financiamiento, la reforma limita los aportes, prohíbe donaciones anónimas o de determinados sectores y establece mayores controles sobre los gastos de campaña. También fija que el financiamiento público se distribuya en un 20 % de manera igualitaria y un 80 % según los votos obtenidos.
Otro aspecto relevante es la regulación de la campaña electoral, que deberá comenzar 60 días antes de la elección y finalizar 48 horas previas, con sanciones para quienes incumplan los plazos.
La iniciativa también elimina la obligatoriedad del debate presidencial y establece restricciones a la publicidad oficial en períodos electorales, así como a la contratación de servicios por parte de partidos políticos a personas extranjeras.
El proyecto abre ahora un escenario de negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con gobernadores y distintos bloques para lograr su aprobación.
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