Tras las elecciones legislativas 2025 y luego de conseguir la mayoría necesaria para designar al fiscal general propuesto, Guillermo Baigorrí, el oficialismo provincial prepara un cierre de año legislativo cargado. Con el escenario político más despejado, la prioridad será destrabar pedidos de informes pendientes vinculados a la gestión anterior y reactivar el debate de la Ley de Transporte, una iniciativa que quedó envuelta en polémica antes de la veda electoral.
Entre los informes solicitados, el de mayor impacto público sigue siendo el relacionado al Acueducto Gran Tulum. La magnitud de la obra, fundamental para el abastecimiento de agua en el Gran San Juan, quedó bajo cuestionamiento tras detectarse irregularidades técnicas expuestas por una comisión especializada y difundidas oportunamente por el vicegobernador Fabián Martín.
Según esa evaluación preliminar, unos 10 kilómetros de cañerías instaladas no eran aptos para soportar la presión de bombeo y debieron ser retirados. La pérdida, estimada en US$50 millones —la mitad del préstamo nacional otorgado—, generó fuertes sospechas sobre un posible daño patrimonial millonario.
No obstante, el aspecto más delicado aún está bajo análisis: trascendió que los nuevos caños colocados tampoco serían adecuados. Si se confirma, la falla comprometería la operatividad del sistema y sumaría un nuevo capítulo a un proyecto ya fuertemente cuestionado.
A esto se suma la demora en la Legislatura para recibir respuestas formales. Aunque el reglamento establece plazos, varios pedidos quedaron paralizados tras la presentación masiva realizada en los primeros meses del año, lo que generó dudas sobre la efectividad del proceso de revisión.
El Acueducto no es el único tema en observación. El oficialismo también solicitó informes sobre obras paralizadas, subsidios al transporte, contrataciones de publicidad oficial y demandas judiciales que podrían representar costos para la provincia. La amplitud de áreas involucradas revela la intención de impulsar una auditoría profunda.
Pedidos opositores
Desde la oposición también se activaron requerimientos: el PJ pidió informes sobre residencias geriátricas, intervención de clubes, compra de kits escolares y un eventual apoyo estatal a Flybondi. La Libertad Avanza, por su parte, insistió en obtener información sobre esa misma aerolínea.
Ley de Transporte
La Ley de Transporte volverá al centro del debate. La iniciativa propone crear un registro único y reemplazar el tradicional sistema de licencias, con el objetivo de modernizar la actividad y establecer requisitos claros para la inscripción de los trabajadores.
Según fuentes del oficialismo, el proyecto se frenó en campaña por la “politización” del tema y por pedidos de algunos diputados dialoguistas que solicitaron postergar el tratamiento con la promesa de acompañarlo después de las elecciones.
Ley de Proveedores Mineros
El Ejecutivo también prepara el envío de la nueva Ley de Proveedores Mineros, adelantada en el Café de la Política por el ministro Gustavo Fernández. La propuesta busca fortalecer el desarrollo de proveedores sanjuaninos y definir con mayor precisión el concepto de “proveedor local”.
La norma establecerá diferencias entre proveedores de la comunidad directa, de la provincia y del país, priorizando a los primeros para asegurar mayor participación y agregado de valor en el sector.
Con el ciclo electoral finalizado, el oficialismo acelera su agenda legislativa. Las próximas semanas marcarán si los debates trabados antes de las urnas avanzan finalmente o vuelven a quedar inmersos en la disputa política.
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