El juez Leopoldo Rago Gallo, a pedido del fiscal federal Fernando Alcaraz, imputó a 11 personas por integrar una organización dedicada al comercio de drogas dentro del Servicio Penitenciario Provincial, agravado por el número de implicados y la venta de estupefacientes en el interior de la cárcel.
De los 11 involucrados, seis cumplen actualmente condena, cuatro se encuentran prófugos y una mujer fue excarcelada por riesgo de embarazo. Durante la investigación, se detectó que los movimientos de dinero en cuentas bancarias y billeteras virtuales alcanzaron cerca de $590 millones en el último año.
La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y allanamientos coordinados por la Policía Federal y la división de Drogas Ilegales, que permitieron identificar a varias parejas de los internos como mediadoras en el ingreso de drogas. Entre los imputados están Cristian Jesús Latorre, Leonardo Jesús Arias y Sebastián Humberto Tobal, conocido como ‘jefe de pabellón’. En sus celdas se secuestraron pastillas y 47 gramos de cocaína, mientras que en domicilios vinculados a sus parejas se hallaron marihuana, cocaína, armas y elementos relacionados con la venta de drogas.
Otros implicados son Gustavo Martín Chávez Ganga, Franco Mario Escoda, Sonia Graciela Ontiveros, Ricardo David Morales y Carlos Alberto Ormeño. Entre los prófugos figuran Leonardo Saavedra, supuesto proveedor, y tres personas más identificadas como Silva, Luna y Garrido.
El juez otorgó a la Fiscalía 90 días para continuar la investigación y determinar posibles complicidades dentro del personal penitenciario. Mientras tanto, defensores oficiales y particulares de los imputados avanzan en sus estrategias legales.
Comentarios