En una conferencia de prensa contundente, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmaron este lunes que el presidente Javier Milei firmó un decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, enfatizó Adorni al explicar los motivos detrás de la medida, que se oficializará este martes en el Boletín Oficial, coincidiendo con el vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso.
El Gobierno dispuso además la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte. Este nuevo ente asumirá la fiscalización de las concesiones viales y funciones que quedaban dispersas entre los organismos eliminados.
A la par, se abrirá la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, que según Adorni “tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”.
El vocero destacó que los 65 decretos delegados promulgados durante el último año generaron un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales en gasto público y defendió su uso como una herramienta legítima para “aliviar la carga fiscal sobre los argentinos”.
En esa línea, remarcó que la gestión de Milei fue la primera desde 1983 en no pedir prórroga de esas facultades: “El kirchnerismo las usó de forma permanente. Nosotros las utilizamos un año para reparar el daño causado y avanzar con las reformas que el país necesita”, subrayó.
Sturzenegger, por su parte, aseguró que la eliminación de estos entes responde a “una lógica de eficiencia, transparencia y reducción del gasto público”. “Teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos”, sostuvo.
El anuncio se suma a la reglamentación de la Ley Bases y al DNU 70/2023, en un paquete de transformaciones que abarca desde el empleo público hasta el transporte, los alquileres y el comercio. Para el Gobierno, se trata de una reforma del Estado “histórica” centrada en la desregulación, la austeridad y la lucha contra la corrupción estructural.
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