En el marco de la causa Vialidad, el fiscal general de la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, presentó este lunes su dictamen y dio un giro clave: retiró el pedido de prisión efectiva para Cristina Fernández de Kirchner, pero sugirió que se analice un cambio de domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria.
La postura de Villar se aparta del planteo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado el fallo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) solicitando que la expresidenta cumpla su condena en un penal.
En su presentación, Villar argumentó que Cristina Kirchner “ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas”, por lo que no corresponde cambiar esa modalidad de ejecución de la pena.
No obstante, coincidió con que el domicilio actual —en San José 1111— debería modificarse porque, a su criterio, afecta la tranquilidad de la zona y podría representar riesgos para la propia exmandataria. “Es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”, fundamentó.
En la audiencia de este lunes, la defensa de la expresidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidió anular algunas de las restricciones impuestas por el TOF 2, como el uso de tobillera electrónica y la obligación de presentar un listado previo de visitas. Argumentaron que estas medidas “no se aplican ni siquiera a condenados por delitos de lesa humanidad” y que Cristina Kirchner siempre mostró disposición a comparecer ante la Justicia.
Ahora, la Sala IV de la Cámara de Casación —integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— deberá resolver si mantiene la prisión domiciliaria en la actual dirección, la traslada o aplica otras condiciones. El Código Procesal Penal establece un plazo de 20 días corridos para definir, aunque suele extenderse.
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