Se trata de alrededor de 200 líneas telefónicas que se usaban durante el Gobierno anterior, y que implicaban unos $2.500.000 mensuales.
Desde ahora, cada funcionario se hará cargo de pagar su servicio y su celular.
Asimismo, trascendió que el gobernador ordenó que se auditen los gastos de choferes, combustible y autos contratados por el Estado provincial.
En sintonía con la austeridad que reclama la sociedad, el Gobernador Orrego ya había dado de baja al 30% de los cargos políticos.
En esa misma línea, ni bien asumió, también dio de baja a los nombramientos realizados en los últimos 6 meses por el anterior Gobierno peronista.
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