El proyecto que propone sanciones económicas y penales para las familias que no cumplan con el calendario nacional de vacunación volvió a tomar impulso en el Congreso, reabriendo un debate que parecía saldado: cómo garantizar la inmunización infantil en un escenario marcado por el descenso en las coberturas y el regreso de enfermedades ya controladas.
La diputada Nancy Picón, autora del texto original, explicó que las multas previstas se calcularán en Unidades Fiscales (UF), con un rango de entre 50 y 500 UF. “Hoy eso representa montos que parten aproximadamente desde los 300 mil pesos, aunque la cifra puede variar. No se trata de castigar por castigar, sino de generar responsabilidad cuando la falta de vacunación pone en riesgo la salud pública”, señaló en diálogo con radio Sarmiento.
La legisladora recordó que el proyecto surgió luego de la confirmación de nuevos casos de tos convulsa y sarampión, patologías que habían sido erradicadas del registro epidemiológico. “No podemos naturalizar que regresen enfermedades que estaban controladas. Esto pasa porque algunos adultos deciden no vacunar y los menores no tienen posibilidad de elegir. Las consecuencias las sufren ellos”, afirmó. También mencionó como antecedente el caso de Mendoza, donde diez padres fueron denunciados penalmente por incumplir el esquema de sarampión.
Picón destacó que la problemática no es reciente. “Cuando estuve en la Dirección de Acción Social de Rivadavia entre 2015 y 2019 ya hacíamos operativos casa por casa, porque muchas familias no llevaban a sus hijos a vacunar. Desde entonces sigo el tema y lejos de mejorar, en algunos lugares empeoró”, dijo. Aun así, destacó que provincias como San Juan, Mendoza y Córdoba muestran coberturas estables o con leve crecimiento, mientras que centros urbanos como Rosario y CABA registran descensos “muy preocupantes”.
La diputada también confirmó la existencia de un proyecto paralelo que busca eliminar la obligatoriedad del calendario, iniciativa que obligó a acelerar el debate. “Una colega me pidió acompañar la idea de que cada familia decida libremente vacunar o no. Le dije que no, porque la evidencia científica es contundente. Venimos de atravesar una pandemia y sabemos perfectamente qué ocurre cuando se desinvierte en inmunización”, remarcó.
Respecto a la implementación, Picón señaló que el sistema sanitario ya cuenta con herramientas para el seguimiento. “Cada vacunatorio registra automáticamente las dosis aplicadas. Cuando aparece un incumplimiento, las provincias pueden intimar y, si no hay respuesta, iniciar la vía penal. Eso ya existe. Este proyecto lo que suma es una sanción económica para reforzar el proceso”, explicó. También destacó que la digitalización total de los carnets sería clave para agilizar controles y permitir que los ministerios actúen rápidamente.
En cuanto al futuro legislativo, confirmó que la iniciativa mantiene estado parlamentario y que la Comisión de Salud trabaja actualmente sobre ambos proyectos. “Lo ideal sería que ninguna familia llegue a recibir una sanción. La meta es no volver a lamentar muertes evitables, como ocurrió en Entre Ríos con los siete bebés fallecidos por tos convulsa. Ojalá la responsabilidad avance más rápido que cualquier ley”, cerró.
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