A través de su apoderado, el abogado José Becerra, el empresario textil y dirigente político Sergio Vallejos contestó formalmente la demanda por daños y perjuicios por 60 millones de pesos que le inició el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, quien aseguró haber visto afectado su honor por supuestas falsedades incluidas en dos denuncias de juicio político.
En el escrito, Vallejos sostuvo que “el verdadero fin” de la demanda es una “represalia vengativa” por la impugnación que realizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la candidatura del entonces gobernador Sergio Uñac, que terminó con la inhabilitación del dirigente para buscar un nuevo mandato.
Según Vallejos, existe un vínculo político directo entre Lima y Uñac, recordando que fueron compañeros de fórmula durante la gestión 2015–2019 y que el actual cortista fue “el primero en la línea sucesoria” del exgobernador. Además, destacó que Lima asumió como ministro de la Corte pocos días después de finalizar ese mandato.
En la contestación de demanda, el empresario afirma que Lima no sufrió daño moral alguno y que la acción judicial responde a un pase de facturas político. Incluso, señala que el ministro no reaccionó del mismo modo frente a otras denuncias e impugnaciones que enfrentó en su carrera pública, como cuando fue intendente de la Capital o cuando se postuló ante el Consejo de la Magistratura.
“El actor no demandó a los denunciantes ni a los impugnantes en situaciones similares”, remarca el escrito, que además desliza que el reclamo actual surge recién ahora, cuando Lima integra el Poder Judicial, ámbito donde se resolverá la causa.
La presentación también incluye la recusación sin causa del juez Luis Arancibia, en cuyo juzgado recayó el expediente.
Vallejos argumenta que, por su condición de funcionario público, Lima debe estar sujeto a la crítica y al control ciudadano, y que los pedidos de juicio político no constituyeron un uso abusivo del instituto. En ese marco, ratifica los cuestionamientos realizados por el fallo de la expropiación de la exbodega La Superiora y por la supuesta incompatibilidad funcional al no haber renunciado a la titularidad del Registro Notarial Nº22 al asumir como ministro de la Corte.
Sobre este último punto, el escrito sostiene que no existe justificación para una licencia sin plazo en un cargo notarial mientras se ejerce una magistratura vitalicia, calificando esa situación como un privilegio indebido.
Finalmente, Becerra concluye que los argumentos de Vallejos en las denuncias de juicio político “son exactos o, en el peor de los casos, opinables”, pero no malintencionados, y advierte que sancionar el control ciudadano sobre los funcionarios públicos “constituye un acto antidemocrático y antirrepublicano”.
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