Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia y podría ser pionero en la región

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que habilita la muerte asistida en casos de enfermedad incurable o dolor extremo. Ahora debe debatirse en el Senado.

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes, con 64 votos a favor y 29 en contra, el proyecto que habilita el acceso a la eutanasia en casos de enfermedad incurable o dolor extremo. La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en 2022 pero se frenó en el Senado, retoma ahora su camino con el objetivo de convertirse en ley.

Si la Cámara Alta da su visto bueno, Uruguay se convertirá en el tercer país de Latinoamérica en regular la eutanasia, junto con Colombia (1997) y Ecuador (2023). En el plano global, también está legalizada en España, Bélgica, Países Bajos y Canadá, bajo marcos que garantizan la autonomía del paciente, el acompañamiento médico y el respeto a la dignidad en el proceso de morir.

El proyecto modifica el Código Penal, que actualmente tipifica la eutanasia como “homicidio piadoso”, y fija requisitos precisos: ser mayor de 18 años, uruguayo o residente legal por al menos dos años, tener plenas facultades mentales y padecer una patología irreversible en fase terminal o un sufrimiento insoportable que deteriore gravemente la calidad de vida.

Las siete etapas previstas en la ley:
1. Pedido formal ante un médico y firma de consentimiento.
2. Entrevista y evaluación de la historia clínica, con información sobre alternativas y cuidados paliativos.
3. Segunda opinión profesional para avalar el caso.
4. Segunda entrevista con el solicitante para confirmar la decisión.
5. Ratificación escrita de la voluntad ante dos testigos.
6. Procedimiento de muerte asistida en el lugar y momento elegido.
7. Certificación y notificación oficial del fallecimiento al Ministerio de Salud Pública.

En Argentina, la Ley de Muerte Digna de 2012 permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, pero no habilita la eutanasia activa, que sigue penada por el Código Penal incluso con consentimiento del paciente.

Con este paso legislativo, Uruguay se acerca a ser pionero regional en reconocer de manera plena el derecho a decidir sobre el final de la vida, bajo condiciones seguras y con respaldo médico.

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