El Poder Judicial de San Juan quedó bajo la lupa tras conocerse la condena contra Adolfo Andrés Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quien admitió haber filtrado información sensible a la banda conocida como los “roba ruedas”.
En una audiencia presidida por la jueza Gloria Chicón, se homologó un juicio abreviado en el que Holeywell reconoció su culpabilidad y fue condenado a un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.
Los fiscales Adolfo Díaz y César Recio detallaron que las escuchas telefónicas de la investigación a la banda revelaron las filtraciones. En las conversaciones, los sospechosos mencionaban a un “Adolfo” o “veedor judicial” que les advertía sobre allanamientos y órdenes de detención.
Uno de los más beneficiados fue Pablo Emmanuel Díaz, señalado como líder de la organización, quien logró evadir un operativo el 15 de mayo de 2025 gracias a las advertencias.
La querella, representada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo, avaló el acuerdo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Jorge Olivera Legleu y César Jofré.
Si bien la pena no implica prisión efectiva, el fallo deja a Holeywell con antecedentes penales y bajo condiciones estrictas de conducta, marcando un fuerte antecedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales.
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