La Justicia de San Juan resolvió cerrar la investigación penal preparatoria y dictar el sobreseimiento total y definitivo de la oficial ayudante Shirli Yoselin Flores, quien había sido denunciada por presuntamente amenazar con un arma de fuego a un niño de 11 años durante un evento escolar.
La denuncia fue presentada el 13 de junio de 2025 por la madre del menor. Según la acusación inicial, el episodio habría ocurrido durante el acto por la Fundación de San Juan realizado en la Escuela Eusebio Zapata, donde la funcionaria policial supuestamente habría interceptado al niño en el sector de los baños y amenazado con dispararle si continuaba molestando a sus hijas.
Sin embargo, durante la investigación surgieron contradicciones entre las declaraciones de los denunciantes y los testimonios de otras personas que estuvieron presentes en el establecimiento. Esos elementos fueron determinantes para que la fiscalía considerara que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
Las contradicciones que marcaron la investigación
Según fuentes judiciales, el dictamen de la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, hizo hincapié en las inconsistencias detectadas durante la investigación.
Uno de los puntos analizados fue la vestimenta que habría llevado la funcionaria y las características de la mochila de la que supuestamente habría extraído el arma. Mientras la madre del niño afirmó que Flores estaba uniformada y llevaba una mochila de color verde claro, el menor declaró posteriormente en Cámara Gesell que la mujer vestía un buzo amarillo y un pantalón negro, y que el bolso era de un tono oscuro.
De acuerdo con la investigación, esos relatos contrastaron con las declaraciones de madres que asistieron al acto y de la directora de la escuela. Las testigos señalaron que Flores estaba vestida de civil, no llevaba uniforme policial ni tenía consigo un bolso o mochila. También indicaron que permaneció junto al grupo de madres durante el desarrollo de la actividad.
Otro aspecto cuestionado fue la supuesta presencia de la portera de la escuela durante el episodio. El menor había señalado que la empleada habría visto la situación e interactuado con la funcionaria. Sin embargo, al ser consultada, la trabajadora negó haber presenciado una escena de esas características o haber advertido una situación violenta.
El resultado del allanamiento
La investigación también incluyó un allanamiento en el domicilio de la oficial. Allí se secuestró su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, cuya tenencia estaba vinculada con su función policial, y una mochila de color lila.
Según la información judicial difundida, esos elementos no coincidían con las descripciones aportadas inicialmente por los denunciantes.
A esto se sumó la inexistencia de registros de cámaras de seguridad que permitieran esclarecer lo ocurrido y la falta de otros indicios que respaldaran la acusación.
La Justicia cerró la causa
Frente a las contradicciones testimoniales y la falta de elementos suficientes para acreditar la materialidad del hecho, la fiscalía consideró agotadas las medidas investigativas y solicitó el cierre del proceso.
Finalmente, se dictó el sobreseimiento total y definitivo de Flores, bajo el principio jurídico in dubio pro reo, según el cual la duda que no puede superarse en el proceso penal debe favorecer a la persona imputada.
La funcionaria estuvo asistida por la defensora oficial Sandra Leveque.
De esta manera, la resolución judicial puso fin al proceso penal contra la oficial por los hechos denunciados en junio de 2025.
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