Este jueves, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, arribó a San Juan para mantener una reunión clave con el gobernador Marcelo Orrego, en el marco de la estrategia del Gobierno nacional para reunir apoyos a la reforma laboral que llegará al Senado el próximo 10 de febrero.
Si bien el eje central del encuentro fue el acompañamiento político al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, la reunión también permitió abordar una amplia agenda de temas estratégicos para la provincia.
Desde el Ejecutivo sanjuanino se buscó posicionar a San Juan como un polo productivo relevante dentro del esquema nacional, con la minería como motor central del desarrollo. En ese contexto, se planteó la necesidad urgente de avanzar con obras de infraestructura vial consideradas fundamentales para el crecimiento económico.
Uno de los principales reclamos estuvo vinculado a la continuidad de la Ruta 40 Sur, con especial énfasis en la agilización de certificados que permitan liberar los fondos correspondientes al tramo ya licitado, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, se solicitó el financiamiento de otros corredores estratégicos: la Ruta 40 Norte, clave para la actividad minera; la Ruta 153, esencial para el funcionamiento de las caleras; y la Ruta 149, un acceso vital para el desarrollo turístico de Barreal.
Según fuentes oficiales, Santilli coincidió en definir a San Juan como un punto económico relevante dentro del esquema productivo nacional.
La reunión también incluyó el análisis de la situación hídrica y la necesidad de impulsar obras de agua y tecnificación del riego. En ese punto, el Gobierno provincial presentó el plan del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación orientado a la reconversión de la vitivinicultura y al fortalecimiento de sus ventajas comparativas.
En relación con la reforma laboral, desde el Ejecutivo sanjuanino expresaron su preocupación por el impacto fiscal que podría generar la iniciativa. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que la provincia podría perder hasta $36.721 millones anuales en recursos coparticipables, como consecuencia de los cambios impositivos previstos en el artículo 191 del proyecto.
A pesar de ese escenario, desde el Gobierno provincial dejaron trascender que acompañarán la reforma, al considerar que su aprobación podría beneficiar al conjunto de la sociedad argentina.
Por último, Santilli planteó la reforma de la Ley de Glaciares, otro de los temas que se debatirán en febrero. El ministro remarcó que la modificación es una prioridad para el Ejecutivo nacional, ya que otorgaría mayor autonomía a las provincias y permitiría destrabar proyectos mineros que actualmente enfrentan limitaciones por la falta de claridad normativa.
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