Durante 2025, el sistema público de salud de San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE-ILE), de acuerdo con el reporte anual de Proyecto Mirar y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
El informe analiza la implementación de la Ley 27.610 y reúne información cuantitativa y cualitativa sobre el acceso al aborto en Argentina durante 2025 y parte de 2026.
A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 87.603 procedimientos en 20 jurisdicciones durante el período analizado. Proyecto Mirar señala que los registros se mantuvieron en niveles similares a la medición anterior. La organización monitorea la implementación de la política de acceso al aborto en el país desde la entrada en vigencia de la normativa.
En el detalle provincial, San Juan registró menos procedimientos que Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Corrientes, de acuerdo con los datos incluidos en el reporte. Al mismo tiempo, quedó por encima de los registros informados para otras jurisdicciones.
El acceso en el sistema público
El reporte indica que 1.846 establecimientos públicos de todo el país garantizan actualmente el acceso a IVE-ILE. La mayoría corresponde al primer nivel de atención, una característica que el informe relaciona con la posibilidad de acceder a la práctica de manera más temprana.
Además, en la mayoría de las jurisdicciones relevadas, alrededor del 90% de las interrupciones se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación. El aborto con medicamentos continúa siendo la modalidad predominante, según el relevamiento.
El financiamiento, uno de los desafíos
Otro de los ejes del informe está relacionado con el financiamiento de los insumos necesarios para garantizar las prestaciones.
Según Proyecto Mirar, luego de la discontinuidad de la compra centralizada de determinados medicamentos por parte del Estado nacional, 13 provincias comenzaron a adquirir insumos con recursos propios.
Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El reporte vincula esta situación con cambios en el presupuesto nacional destinado al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y plantea como uno de los desafíos actuales la capacidad de las provincias para sostener esta política sanitaria con recursos propios.
En el caso de San Juan, los 1.657 procedimientos registrados durante 2025 forman parte de las estadísticas utilizadas para analizar la implementación de la Ley 27.610 y el funcionamiento del acceso a IVE-ILE en el sistema público provincial.
Fuente: Proyecto Mirar – CEDES. El reporte anual 2025 fue publicado en septiembre de 2026.
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