El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó de una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, donde defendió la postura de la provincia en torno a la modificación de la Ley 26.639.
Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la iniciativa no busca desproteger el recurso hídrico, sino precisar los alcances de la norma para mejorar su aplicación. “No estamos planteando quitar protección, sino definir con claridad qué se protege”, remarcó.
Perea enfatizó que San Juan depende fuertemente del agua para su desarrollo. “San Juan vive de su agua”, afirmó, al tiempo que destacó inversiones por más de 22 mil millones de pesos en infraestructura para comunidades mineras, de los cuales unos 6 mil millones fueron destinados a obras hídricas como el Acueducto El Tambillo y la red de agua potable de Jáchal.
En relación al debate técnico, el ministro diferenció entre glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve —cuya protección no está en discusión— y el ambiente periglacial, donde se centra la controversia, especialmente en torno a los glaciares de escombros.
Para respaldar su postura, citó datos del geofísico Silvio Pastore, quien indicó que en la cuenca del río San Juan existen 3.227 glaciares de escombros. Según esos estudios, incluso en un escenario extremo de calentamiento global, estos aportarían apenas el 1,65% del caudal del río si liberaran su agua en un período de 75 años.
“No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima del caudal, que debe ser evaluada caso por caso con rigor científico”, sostuvo el funcionario.
Además, Perea apoyó su postura en el Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina, que establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, reforzando así el argumento federal.
El ministro también aseguró que la reforma mantiene el principio precautorio, ya que todos los glaciares continuarían protegidos hasta que estudios científicos determinen lo contrario. En ese sentido, mencionó la Ley Provincial 1076-L y un sistema de evaluación ambiental compuesto por cinco filtros.
Según explicó, este mecanismo permitió reducir los plazos de análisis de proyectos de 180 a 30 días sin perder rigor técnico, como ocurrió con la evaluación del proyecto minero Josemaría, que se completó en 50 días hábiles.
Sobre el cierre, Perea sostuvo que, tras 15 años de vigencia, la ley actual generó inseguridad jurídica debido a su ambigüedad y falta de reglamentación completa. En ese marco, afirmó que la propuesta sanjuanina apunta a una norma “que funcione y que proteja de verdad”, basada en tres ejes: ciencia, federalismo y responsabilidad.
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