La Defensoría del Pueblo de San Juan informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya fueron restituidas y depositadas, en cumplimiento de una resolución judicial dictada tras el amparo colectivo presentado por el organismo provincial.
El reclamo fue impulsado por la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, con el objetivo de frenar el recorte y garantizar la continuidad de un ingreso esencial para miles de personas. Gracias a esta medida judicial, los beneficiarios afectados volvieron a percibir la pensión que había sido interrumpida.
Desde la Defensoría detallaron que la restitución incluyó los haberes adeudados, el pago correspondiente al mes de diciembre y el medio aguinaldo. Por este motivo, se solicitó a los titulares que verificaran el depósito en su lugar habitual de cobro y comprobaran que los montos estén acreditados en su totalidad y sin diferencias.
El organismo anunció además que continuará acompañando a los beneficiarios, monitoreando la correcta aplicación del fallo y brindando asistencia a quienes aún presenten dudas o dificultades para acceder al beneficio. Recordaron que la ciudadanía puede comunicarse con la Defensoría a través de sus canales oficiales para recibir orientación y realizar consultas vinculadas a las PNC por Invalidez.
En la provincia de San Juan hay más de 36.000 personas que perciben este tipo de pensiones y se estima que alrededor de 10.000 beneficiarios resultaron afectados por las suspensiones registradas durante los meses de agosto y septiembre.
Peñaloza remarcó que la medida judicial buscó restablecer un derecho básico y urgente, fundamental para la subsistencia de muchas familias. “Una pensión hoy, con el bono de $70.000, alcanza los $298.000. Para muchas personas es el único ingreso. El día previo a presentar el amparo, una beneficiaria me dijo que no tenía para comer ni para los medicamentos y que la única salida que veía era quitarse la vida. Ese era el nivel de desesperación que se estaba viviendo”, relató.
Finalmente, la defensora aclaró que el fallo no impide la realización de auditorías o controles, pero exige que se lleven adelante respetando los procedimientos legales y sin vulnerar derechos adquiridos. “No estamos en contra de los controles, pero deben hacerse conforme a la ley. No se pueden suspender beneficios sin fundamentos probados. Fue una medida inhumana y, como tal, merecía una respuesta institucional”, concluyó.
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