La disputa por los límites entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo capítulo luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto para rechazar los acuerdos territoriales vigentes. En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela se refirió al conflicto durante los actos por el Día de la Bandera y aseguró que su provincia tiene la “obligación” de defender lo que considera parte de su territorio.
El mandatario riojano buscó bajar el tono de la confrontación con San Juan, luego de las publicaciones realizadas por Marcelo Orrego en redes sociales. “Está bien que él se exprese. Yo no tengo nada contra el pueblo de San Juan, al contrario, es un pueblo hermoso, amigo y solidario”, expresó Quintela, aunque dejó en claro que su administración avanzará con el reclamo.
“Tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de defender los intereses de los riojanos y defender el territorio riojano”, afirmó el gobernador, quien remarcó que el proceso institucional y judicial se desarrollará sin romper el vínculo entre ambas provincias, pero con la decisión de sostener la postura riojana.
Desde San Juan, la respuesta de Marcelo Orrego fue contundente. El gobernador convocó a todas las fuerzas políticas de la provincia a conformar un frente común y reiteró que la jurisdicción sanjuanina “no está en discusión”. Además, sostuvo que los límites actuales no responden a un acuerdo arbitrario, sino que cuentan con respaldo legal y democrático.
Orrego recordó que la delimitación vigente fue establecida en 1968 mediante la Ley 18.004 y ratificada por el Congreso Nacional en 2014 a través de la Ley 26.939. “Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara”, advirtió el mandatario sanjuanino, en alusión a la iniciativa impulsada por la provincia vecina.
Detrás del conflicto también aparece el interés económico por la zona en disputa, donde se ubican recursos naturales estratégicos y proyectos mineros de gran magnitud, como Vicuña. Mientras en La Rioja ya instruyeron a sus legisladores nacionales a dar la discusión en el Congreso y a impulsar medidas ante la Corte Suprema, en San Juan el arco político comenzó a cerrar filas en defensa del territorio provincial.
La disputa, lejos de agotarse en declaraciones públicas, parece encaminarse a una nueva etapa institucional y judicial, con ambos gobernadores plantados en la defensa de lo que consideran parte del patrimonio de sus provincias.
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