El veto total de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, al Presupuesto 2026 quedó firme luego de que el Concejo Deliberante no lograra reunir la mayoría calificada necesaria para insistir con el proyecto modificado.
De este modo, el municipio continuará funcionando durante el próximo ejercicio con el Presupuesto 2025, ya que no se alcanzaron los dos tercios obligatorios para rechazar la decisión del Ejecutivo municipal.
La definición se produjo tras confirmarse la abstención del concejal Luciano Cano, lo que impidió que los ediles que respaldaban la reforma presupuestaria alcanzaran los siete votos requeridos para insistir con el texto aprobado por el Concejo.
El Presupuesto 2026 había sido reformulado con cambios sustanciales respecto del proyecto original enviado por la intendenta, situación que motivó el veto total por parte del Ejecutivo. Al no prosperar la insistencia legislativa, la decisión quedó definitivamente ratificada.
Desde el municipio indicaron que la administración seguirá operando bajo los lineamientos y partidas del Presupuesto 2025, mientras que la intendenta sostuvo que esta decisión apunta a consolidar un nuevo equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo local.
En un comunicado oficial, Daniela Rodríguez explicó los fundamentos del veto y afirmó que la ordenanza sancionada “afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026” y constituye “un grave avasallamiento de las competencias de poderes”.
La jefa comunal remarcó que la función del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es “autorizante y de control”, pero no ejecutiva, y advirtió que el cuerpo legislativo no puede diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas ni alterar prioridades de gasto, ya que eso implica gobernar y no legislar.
Entre los puntos cuestionados, la intendenta señaló que el Concejo se asignó un presupuesto de cuatro mil millones de pesos para su funcionamiento, cifra que calificó como excesiva para un órgano legislativo municipal y que, según sostuvo, genera un quiebre institucional.
También criticó el aumento de las remuneraciones de los concejales, al señalar que, de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, los sueldos de los ediles se fijan en función del salario de la intendenta.
Además, denunció el traslado de partidas del Ejecutivo al Legislativo y la creación de estructuras administrativas paralelas, como direcciones de Eventos, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, junto con la incorporación de 11 nuevos cargos en planta política.
Desde el Ejecutivo indicaron que se intentó establecer instancias de diálogo formal e informal con el Concejo Deliberante, sin resultados, por lo que el veto fue considerado una herramienta para preservar el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
“ No es una opinión política, es un deber jurídico, para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad”, concluyó la intendenta.
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