El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como “Seguros”, donde se investigan contratos presuntamente irregulares firmados durante su mandato entre organismos públicos y empresas intermediarias.
La resolución judicial, de más de 400 páginas, acusa a Fernández de negociaciones incompatibles con la función pública y le impone un embargo de más de $14.600 millones. Junto a él también fueron procesados el empresario Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero —histórica secretaria del ex mandatario— y varios ex funcionarios del área de seguros estatales.
De acuerdo con la causa, entre 2019 y 2023, las empresas vinculadas a Martínez Sosa cobraron comisiones por más de $2.297 millones, lo que representa cerca del 60% del total pagado por el sistema de seguros estatales en ese período. Solo durante la gestión de Fernández, la compañía acumuló contratos con al menos 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, la Casa de la Moneda y hasta la Corte Suprema.
Un informe de la PROCELAC fue clave para reconstruir la relación: reveló que Fernández le facturó más de $4,2 millones a la firma de Martínez Sosa por informes políticos y económicos que elaboraba como consultor antes de llegar a la Casa Rosada. Para la Justicia, este vínculo personal, sumado a visitas fuera de agenda a Olivos y la intervención de Cantero como nexo en oficinas públicas, refuerza la hipótesis de aprovechamiento indebido de su función.
También fueron procesados —sin prisión preventiva— el ex presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y varios ex directivos de la aseguradora estatal. Casanello mantiene abierta la investigación con nuevas líneas que podrían ampliar la causa, que ya se perfila como uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes contra un ex mandatario argentino.
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