La Justicia de San Juan dictó este viernes un año de prisión preventiva para Matías Ezequiel Marín, el principal acusado por el femicidio de su expareja, Gemma Álvarez, ocurrido en la zona de la Costanera, en Chimbas.
Durante la audiencia realizada en Tribunales, Marín llegó esposado y con vendas en ambos brazos debido a lesiones que, según trascendió, se habría provocado tras el crimen. Ante el juez Sergio López Marti fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.
El magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía, representada por Nicolás Schiattino, y dispuso un año de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, además de fijar un plazo de doce meses para el desarrollo de la investigación. La defensa del imputado había solicitado que transitara el proceso en libertad.
Durante la audiencia también se conocieron nuevos detalles del brutal ataque. La autopsia determinó que Gemma Álvarez recibió 31 puñaladas con un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo. El arma fue encontrada posteriormente en un descampado cercano al lugar del hecho.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Marín habría ido hasta el barrio Las Alondras, donde residía la víctima, y la persiguió en su automóvil cuando salió rumbo a su trabajo en un centro de salud, donde se desempeñaba en tareas de limpieza. La mujer intentó escapar en su motocicleta, pero el agresor logró interceptarla y la atacó con un arma blanca.
En un momento de la audiencia, el imputado se negó a declarar y luego pidió un cuarto intermedio al manifestar que “le faltaba un poco el aire”. Tras una pausa de 15 minutos, el debate continuó con normalidad hasta que el juez resolvió dictar la prisión preventiva.
Marín había sido detenido durante la noche del jueves en una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre su paradero. Al momento de su captura presentaba diversas heridas, por lo que los investigadores buscan determinar si fueron autoinfligidas o si se produjeron cuando fue reducido antes de la llegada de los efectivos.
La investigación, encabezada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, sostiene como principal hipótesis que se trató de un femicidio premeditado. Además, se confirmó que el acusado contaba con antecedentes por violencia de género y tenía vigente una prohibición de acercamiento hacia la víctima, dispuesta a comienzos de julio tras una denuncia presentada por Álvarez.
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