La Municipalidad de Rivadavia impulsa un proyecto para expropiar un terreno estratégico ubicado en avenida Libertador 5.376 Oeste, frente al palacio comunal. El objetivo es ampliar las dependencias municipales y resolver la saturación de espacio actual.
El terreno, de 1.955 m², es considerado clave para el funcionamiento del gobierno local. Según el municipio, la adquisición permitiría reducir gastos en alquileres externos y recuperar un área que hoy presenta problemas de chatarras y basuras. La operación se ampara en la Ley Provincial N° 1.180-A, bajo la declaración de utilidad pública, ya que la propiedad pertenece a una sociedad en quiebra, lo que imposibilitó negociar en forma directa.
Un proceso con historia y fondos millonarios
La iniciativa se remonta a 2018, cuando el Concejo Deliberante declaró de utilidad pública el inmueble mediante la Ordenanza N° 2803/2018. En febrero de 2024, un decreto municipal reasignó $30 millones del presupuesto para la adquisición, decisión que fue ratificada por los concejales.
Reclamos de la oposición
El bloque peronista en el Concejo Deliberante –integrado por Romina Albarracín, Mónica Castro, Sergio Carrón y Martín Videla– expresó fuertes cuestionamientos y exigió información detallada al Ejecutivo Municipal. Entre los puntos solicitados se incluyen:
• Informe del Asesor Letrado y del Auditor sobre los plazos de la expropiación.
• Constancias registrales actualizadas del inmueble.
• Presentación de un plan definitivo de expropiación.
• Avalúo oficial emitido por el Tribunal de Tasaciones de la provincia.
• Informe de la Secretaría de Hacienda que detalle el destino de los $30 millones depositados en febrero de 2024, especificando la partida correspondiente.
Pese a estos pedidos y a los reiterados intentos de un medio local por obtener la versión oficial, el municipio y la presidenta del Concejo, Carolina Correa, aún no respondieron.
Falta de ley de acceso a la información pública
El caso reaviva el debate sobre la transparencia institucional en San Juan, una de las cuatro provincias del país que aún no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, junto con Formosa, Tucumán y La Pampa. A pesar de que tanto Sergio Uñac como Marcelo Orrego prometieron impulsar la norma, los proyectos llevan más de 10 años sin concretarse.
Con información de Diario Huarpe
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