El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de Francisco Adorni en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N.º 6, subrogado por Daniel Rafecas, y apunta principalmente a determinar si existió una omisión maliciosa de información patrimonial durante el ejercicio de funciones públicas.
La investigación se centra en las declaraciones juradas presentadas por Adorni entre 2024 y 2026, período en el que ocupó cargos vinculados al Ministerio de Defensa y posteriormente al Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Según la fiscalía, uno de los aspectos que despertó sospechas fue la cantidad de rectificaciones realizadas sobre las presentaciones originales. De acuerdo con el expediente, varias correcciones fueron incorporadas una vez iniciada la causa judicial e incluyeron bienes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros activos que no habían sido informados inicialmente.
Entre los cambios observados figura la declaración de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia, además de cuentas en moneda nacional y extranjera e instrumentos financieros que no aparecían en la documentación original.
Para Marijuan, la secuencia de modificaciones realizadas a medida que avanzaba la investigación constituye un elemento relevante para profundizar el análisis sobre la posible existencia de irregularidades.
La acusación está encuadrada en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que prevé sanciones para los funcionarios públicos que presenten declaraciones juradas falsas o que omitan informar bienes que debían ser declarados.
La fiscalía también destacó que Adorni habría desempeñado funciones relacionadas con el control y análisis de declaraciones juradas, por lo que considera poco probable que desconociera los procedimientos exigidos para completar correctamente esa documentación.
Si el pedido es aceptado por el juzgado, la declaración indagatoria permitirá que el funcionario conozca formalmente las acusaciones y ejerza su derecho de defensa, presentando las explicaciones que considere pertinentes.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y busca determinar si las inconsistencias detectadas responden a errores administrativos o a una eventual intención deliberada de ocultar información patrimonial.

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