El Concejo Deliberante de Calingasta puso bajo la lupa una contratación realizada el año pasado por un monto de $4 millones, destinada al alojamiento de personal de la Provincia perteneciente a DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) y UMCOP (Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos).
Según fuentes del Legislativo departamental, el beneficiario de la contratación habría sido Enzo Luna, sobrino del intendente Sebastián Carbajal.
A raíz de esta situación, desde el Concejo Deliberante solicitaron las facturas, comprobantes de pago y documentación vinculada a la operación, con el objetivo de determinar cómo se realizó la contratación y evaluar si corresponde avanzar con alguna presentación judicial.
Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal dieron otra versión y aseguraron que se trataría de una confusión de apellidos.
Según indicaron, el proveedor de las cabañas contratadas sería Matías Luna y no Enzo Luna, quien efectivamente es sobrino del intendente. Desde el municipio señalaron que remitirán la documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas para respaldar la contratación y descartar la existencia de un conflicto de intereses.
Además, explicaron que los $4 millones mencionados corresponden a tres partidas que fueron agrupadas y aprobadas conjuntamente en el Concejo Deliberante. De acuerdo con esta versión, el monto total corresponde al alquiler de las cabañas durante tres meses.
Otra denuncia bajo análisis
El pedido de informes se suma a otra situación que mantiene enfrentados al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal.
El presidente del cuerpo legislativo, Santos Zárate, había solicitado al municipio los balances corregidos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Según indicaron desde el Concejo, esa documentación no habría sido remitida para su tratamiento y aprobación.
Ante esta situación, se radicó una denuncia ante la UFI Delitos Especiales, que actualmente analiza los pasos iniciales del expediente.
Ahora, el pedido de documentación sobre la contratación de las cabañas busca determinar si existió alguna irregularidad o si, como sostiene el Ejecutivo municipal, todo se originó en una confusión respecto de la identidad del proveedor.
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