El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 incorporar al decomiso el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.
La medida forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca avanzar sobre bienes considerados vinculados a la maniobra investigada y cubrir el perjuicio económico estimado por la Justicia en alrededor de $685.000 millones.
Según el dictamen presentado por Luciani, el inmueble debería incorporarse al decomiso para contribuir al resarcimiento económico del Estado. Además del valor económico, el pedido tiene una fuerte carga simbólica, ya que se trata del domicilio donde la exmandataria cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario.
El requerimiento también alcanza a otros bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad. Entre ellos aparecen 141 inmuebles —13 relacionados con sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados a empresas de Lázaro Báez—, 46 automotores y millones de dólares detectados en cajas de seguridad y cuentas bancarias.
Dentro del listado presentado por la fiscalía figuran además propiedades emblemáticas de la investigación, como los hoteles Alto Calafate y La Aldea, el chalet de la costanera de Río Gallegos y distintos terrenos ubicados en Santa Cruz.
Luciani sostuvo que los condenados fueron intimados a devolver el dinero fijado por la Justicia y remarcó que “no han depositado ni un solo peso”, argumento que, según indicó, habilita el avance sobre los bienes identificados.
Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el que deberá resolver si incorpora estos activos al proceso de ejecución patrimonial.
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