La Legislatura de Neuquén avanzó con una medida que vuelve a poner en el centro del debate el control toxicológico de los funcionarios públicos. La Cámara aprobó por mayoría la Resolución 1248, que establece la realización de narcotests obligatorios, aleatorios y sorpresivos para sus 35 diputados.
La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y 2 en contra y permitirá comenzar con los controles con una frecuencia mínima de una vez cada dos meses.
De esta manera, todos los legisladores neuquinos en funciones quedarán alcanzados por el mecanismo.
Cómo serán los controles
La medida establece que las convocatorias serán personales, inmediatas y reservadas. Los análisis se realizarán dentro del edificio legislativo y estarán coordinados técnicamente por el área de Medicina Laboral.
Ese organismo deberá garantizar la confidencialidad del procedimiento, la correcta toma de las muestras y el cumplimiento de la cadena de custodia.
Los controles podrán realizarse incluso durante sesiones o reuniones de comisión.
En caso de que un primer análisis arroje resultado positivo, deberá efectuarse un segundo estudio en un laboratorio habilitado para confirmar o descartar el resultado.
La medida surge de una ley provincial
La resolución se desprende de la Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos, impulsada por el gobernador neuquino Rolando Figueroa y reglamentada en febrero.
Hasta ahora, la Legislatura no había comenzado a aplicar los controles debido a la falta de un protocolo específico que estableciera cómo debían llevarse adelante.
Con la aprobación de la nueva resolución, ese obstáculo quedó superado y los análisis podrán comenzar a implementarse.
El debate vuelve a San Juan
La decisión de Neuquén vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ya había comenzado en San Juan.
En marzo, legisladores provinciales y nacionales consultados sobre la posibilidad de implementar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios habían expresado su respaldo a la iniciativa, aunque hasta el momento no se presentó un proyecto formal en la Cámara de Diputados provincial.
La diputada nacional Nancy Picón había considerado la propuesta como una medida “razonable” y planteado la necesidad de que los funcionarios también estén alcanzados por este tipo de controles.
Por su parte, el diputado nacional José Peluc había respaldado la iniciativa y planteado que debería extenderse a todo el país, incluido el Congreso de la Nación.
También había expresado su apoyo el legislador Jorge “Coqui” Chica, quien vinculó la propuesta con la necesidad de profundizar las políticas de prevención y lucha contra las adicciones.
Una discusión que podría volver a la legislatura sanjuanina
Con Neuquén como nuevo antecedente, el debate sobre los narcotests para funcionarios vuelve a instalarse en San Juan.
La discusión ahora gira en torno a cuestiones como quién debería financiar los análisis, qué organismo tendría a su cargo la realización de los controles, cómo se garantizaría la confidencialidad y qué procedimiento debería aplicarse ante un resultado positivo.
Por el momento, en San Juan no existe una norma que obligue a los diputados a realizar este tipo de estudios, pero la experiencia neuquina podría servir como referencia para un eventual proyecto en la provincia.
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