El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario y remitió la decisión al Congreso, donde la oposición debate si intentará rechazarla la próxima semana.
La norma contemplaba la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos de investigación, además de la reapertura de paritarias y el incremento de becas estudiantiles.
Desde la Casa Rosada argumentaron que el proyecto implicaba un costo superior al billón de pesos en 2025, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal, pilar del plan económico oficial. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, las fuentes de financiamiento previstas eran “genéricas” y solo podrían sostenerse con emisión monetaria, lo que —a criterio del Ejecutivo— agravaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, cifra insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios en caso de veto. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial si pretende mantener la iniciativa en pie.
En paralelo, los bloques opositores evalúan convocar a una sesión especial para tratar no solo este veto, sino también otros pendientes, como la emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El rechazo a la decisión presidencial ya comenzó a manifestarse en sectores universitarios y de la comunidad educativa, que organizan movilizaciones en defensa del financiamiento. Para Milei, se trata del segundo veto de una ley de este tipo desde que asumió el poder.
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