El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados durante la madrugada de este sábado en el marco de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial en el Distrito Sur por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra.
Según la acusación estadounidense, Maduro habría liderado una organización criminal transnacional identificada como el Cártel de los Soles, utilizada para el envío sistemático de cocaína hacia Estados Unidos y otros países, con la participación de estructuras estatales venezolanas.
La causa de la CPI por crímenes de lesa humanidad
Más allá del proceso penal en Estados Unidos, el régimen de Maduro enfrenta desde hace años una investigación internacional por violaciones masivas a los derechos humanos. Desde 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierta la causa denominada “Situación Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
La investigación se apoya en informes y testimonios que describen un patrón de represión sistemática contra opositores políticos, activistas y civiles. En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó todos los recursos presentados por el régimen venezolano y confirmó la continuidad del proceso.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, sostuvo que existe “una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, y afirmó que el sistema judicial del país no tiene capacidad real ni voluntad para investigarlos.
Torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual
Las investigaciones de la CPI y de organismos internacionales documentan detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, perpetradas principalmente por fuerzas estatales como el SEBIN, la DGCIM y la Guardia Nacional Bolivariana, con apoyo de grupos progubernamentales.
Según la Fiscalía de la CPI, desde al menos 2017 miles de opositores fueron detenidos sin base legal, cientos fueron torturados y sometidos a violencia sexual, incluyendo violaciones. Las víctimas relataron palizas, asfixias, descargas eléctricas, amenazas de muerte y abusos prolongados en centros de detención.
La Corte concluyó que estos hechos no fueron aislados, sino parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, llevado a cabo conforme a una política de Estado.
Informes de la ONU y organismos de derechos humanos
El patrón represivo fue respaldado por informes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La ex Alta Comisionada Michelle Bachelet denunció en reiterados informes la persistencia de torturas, ejecuciones extrajudiciales, abusos y la impunidad estructural del régimen. En 2022, la misión de la ONU documentó 122 casos de tortura y violencia sexual, describiendo métodos que evocan prácticas de las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
A pesar de los intentos del régimen por frenar el proceso —incluida la derogación de la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma en diciembre de 2025—, expertos señalaron que los crímenes bajo investigación siguen siendo competencia de la CPI.
Mientras el proceso judicial en Estados Unidos avanza, la investigación internacional por crímenes de lesa humanidad continúa activa. Durante años, víctimas y organizaciones venezolanas reclamaron justicia ante la comunidad internacional, dejando constancia de una de las crisis de derechos humanos más graves de la región.
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