El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe las plataformas de apuestas online, conocidas como “bets”, y establece el bloqueo de sus sitios y aplicaciones a partir del 6 de octubre. La medida también alcanza a los casinos online.
El ministro de Hacienda, Dario Durigan, informó que los apostadores tendrán hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar voluntariamente los saldos disponibles. Luego, las empresas deberán informar los montos pendientes a las entidades financieras y se iniciará el proceso de devolución.
Según el cronograma anunciado por el Gobierno brasileño, entre el 7 y el 8 de octubre las empresas deberán comunicar a los bancos los saldos individualizados por CPF. Las instituciones financieras realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre. En los casos en que existan inconvenientes, la Caixa Econômica Federal podrá intervenir en el proceso de restitución.
La medida también impide nuevos depósitos desde su entrada en vigor y establece restricciones para las transferencias bancarias vinculadas con las plataformas. Además, quedan prohibidos nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas, mientras que los acuerdos vigentes tendrán un período de transición.
La decisión se conoce a nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil, prevista para el 4 de octubre. El calendario electoral oficial confirma esa fecha para el primer turno.
Lula había cuestionado públicamente el impacto de las apuestas sobre el endeudamiento de las familias y la ludopatía. En paralelo, un estudio de investigadores de la Universidad de São Paulo difundido este mes estimó que las apuestas online redujeron el consumo y tuvieron un impacto negativo sobre la actividad económica brasileña durante 2025.
Las medidas generan además impacto sobre clubes de fútbol y otros actores que reciben ingresos por publicidad y patrocinio de las plataformas.
Junto con la medida provisional, el Ejecutivo brasileño impulsa un proyecto de ley que busca establecer sanciones penales para la explotación y operación de determinadas modalidades de apuestas, además de contemplar penas para actividades vinculadas con publicidad y captación de apostadores.
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