En medio de la carrera electoral y con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, los mandatarios provinciales reactivaron este lunes sus reclamos al gobierno nacional por la distribución de fondos. El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño acordaron firmar un proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, para que esos recursos se repartan con el mismo criterio que la coparticipación.
El texto, que será presentado en el Congreso, plantea un fuerte desafío político al oficialismo, ya que al contar con el respaldo unánime de todas las provincias, podría obtener mayoría absoluta. Los gobernadores advierten que el presidente Javier Milei no contaría con el apoyo parlamentario necesario para sostener un eventual veto.
El Gobierno nacional, por su parte, busca redirigir el debate hacia la “ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, conocida como la de los “dólares del colchón”, con la promesa de que esa iniciativa implicará más recaudación para las provincias vía IVA e Ingresos Brutos.
En la reunión participaron gobernadores tanto dialoguistas como opositores: Axel Kicillof, Jorge Macri, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Claudio Poggi, entre otros. Orrego fue uno de los presentes, consolidando su rol activo en las negociaciones federales. También se sumaron gobernadores por videoconferencia y vicegobernadores en representación de algunas provincias.
El proyecto plantea además que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se reparta también bajo el régimen de coparticipación. Y frente a posibles críticas del Ejecutivo por el impacto fiscal, los mandatarios defendieron la medida como una forma de promover el federalismo sin afectar la sustentabilidad de las finanzas públicas.
El trasfondo de la disputa está en la caída de las transferencias automáticas a las provincias —23,4% interanual en mayo— y el crecimiento de las discrecionales. Aunque algunas jurisdicciones fueron favorecidas, todas firmaron el proyecto. La obra pública nacional paralizada, la presión para que las provincias se hagan cargo de rutas y la necesidad de recursos en año electoral completan un escenario de alta tensión política y económica.
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